Estimados compañeros:

Contesto en estas líneas a vuestra nota de 4 de abril, relativa a la Convención “Esc. Fernando Miranda”, que se llevará a cabo en los primeros días del mes de mayo.

Entiendo que vuestra iniciativa es doblemente loable.

Por un lado, pone en el orden del día de la Convención de la Asociación de Docentes los grandes temas de nuestro sistema público de educación superior, que en mi opinión han sido postergados durante largo tiempo, como fruto de una política inadecuada. Esto adquiere un realce particular, por tratarse de una Convención que habrá de reunirse en vísperas de la elección de un nuevo Rector, oportunidad que debería ser propicia para un debate serio y en profundidad de los programas de cambio de la educación superior nacional, que la sociedad y los tiempos que corren exigen de nosotros. Desde este punto de vista, pienso que la iniciativa del Rector que sea electo será fundamental para el avance en los puntos 1) y 2) de la agenda (Reforma Universitaria y análisis del cogobierno).

Por otro lado, esta Convención convoca a los docentes universitarios a la participación en el cogobierno, desde los distintos ámbitos en que a cada uno le toca actuar. Nuestra universidad depende de manera sustancial de que, quienes enseñamos e investigamos en ella, asumamos responsabilidades que permitan volcar nuestras opiniones y nuestra experiencia en el mejoramiento institucional. Estoy convencido de que muchos docentes se alejan de estas tareas, no porque las consideren poco importantes, sino porque sienten que el inmovilismo ha alcanzado tales niveles que no vale la pena hacer el esfuerzo. Incorporar a los docentes jóvenes a esta tarea colectiva, es una de las claves para impulsar los profundos cambios que el sistema necesita. Sumo mi voz a la convocatoria a la participación en la Convención, en la confianza de que sea una base para acciones de transformación profunda y sostenida.

Sobre la agenda propuesta he escrito reiteradamente y emitido mis opiniones in extenso, tanto en la interna universitaria como a través de los medios de comunicación, de modo que no habré de repetir aquí las proposiciones que he formulado, ni sus fundamentos. Quiero destacar, sin embargo, que estos temas deben ser debatidos a nivel nacional, con la intervención real, en primer lugar, del sistema político, y también de las organizaciones sociales. El destino de la formación superior y de la investigación científica y tecnológica son claves para toda la sociedad y el debate sobre estos temas cruciales, debe ser abierto. Al mismo tiempo, nos cabe a los universitarios la gran responsabilidad de la iniciativa, que debe reflejarse en una sincera autocrítica y en propuestas de cambio, ambas cosas negadas de manera sistemática por las autoridades que nos han regido durante un largo período.

También es importante determinar en qué nivel de reformas pensamos que debemos colocarnos. Es necesario atacar los grandes problemas. La esclerosis ha tenido, entre sus muchas consecuencias, la de generar un cierto escepticismo en cuanto a la perspectiva real de tomar decisiones sobre las cosas que realmente importan y que se refieran al largo plazo, y que más vale dedicarse a cosas más o menos limitadas, en las que existe alguna perspectiva real de obtener resultados concretos. El desafío es trascender estos niveles y prepararnos para las necesidades sociales de las próximas generaciones.

A continuación, se enuncian de manera sintética algunas propuestas para la transformación del sistema público de educación terciaria y superior en nuestro país. Sólo se refieren a ciertos aspectos que son comunes al sistema; hay sin duda otros, que también son importantes. Todos sabemos que cada Facultad o cada laboratorio universitario es un mundo, que conviven culturas diferentes y que la diversidad suele ser la regla en las instituciones universitarias, lo que bien empleado, es una gran fuente de riqueza intelectual. Pero las proposiciones que siguen no se refieren a ese caleidoscopio de problemas, sino a las cuestiones más bien generales del sistema público uruguayo. No están formulada bajo la forma de mociones a la Convención, aunque pueden adoptar ese formato, considerándolas en conjunto con otras propuestas.

1.- En lugar de la Universidad única se debe establecer un sistema de instituciones públicas de educación terciaria y superior, con orientaciones y localizaciones diversas, autónomas y coordinadas entre si, en cuya organización se reflejen los principios básicos de cogobierno y gratuidad.

Los tiempos del debate y de la implementación son esenciales para un programa de esta envergadura: debe pensarse la evolución para los próximos 20 años y empezar a trabajar desde ya.

La primera acción de envergadura debe ser la creación de dos institutos politécnicos de formación terciaria, uno en el Norte del país y otro en la región metropolitana. La Universidad debe lanzar el debate, realizar los estudios técnicos y adoptar decisiones en materia de propuestas, incluyendo los proyectos de ley respectivos, antes de fines de 2007. La idea es que dentro de dos años aproximadamente, se adopten las resoluciones legislativas y ejecutivas a nivel nacional.

En segundo lugar, y de manera concomitante, se debe poner en discusión la creación de una nueva universidad pública, lo cual también requiere cambios legales y debería implementarse en una fase inmediatamente posterior.

2.- En la interna de la Universidad de la República, es tiempo de ir más allá de las palabras y de las fórmulas retóricas para enfrentar la feudalización existente. La división en áreas es un principio loable, pero salvo pocas excepciones, su aplicación real se ha reducido a acciones de gobierno, a coordinaciones entre decanos y sus colaboradores, no a la vida académica real de la institución.

Dos tipos de grandes medidas expresarían cambios en esta materia, que es posible poner en práctica en los plazos más inmediatos:

• El tránsito real de los estudiantes entre carreras, con medidas fuertes y efectivas que lo permitan, que sólo pueden ser el resultado de una voluntad bien definida de las autoridades.


• La creación de institutos centrales interdisciplinarios. Como ejemplos: Ciencias Ambientales, Estudios Regionales y Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

3.- Impulso de la investigación científica y tecnológica y de la formación avanzada.

La Universidad es el principal centro del país en la materia y la responsabilidad de sus autoridades es el desarrollo de la actividad creativa en todos los sectores, de manera equilibrada y pujante, no sólo al interior de la institución, sino también a nivel nacional. La Universidad pública debe contribuir de manera fundamental a las políticas que se establezcan en la materia.

De manera general, el desarrollo de la investigación debe basarse en el respeto a la diversidad temática y de escuelas, incluyendo las ciencias sociales y humanas, las ciencias básicas, las ciencias y tecnologías de la salud, las tecnologías industriales y de los servicios, las tecnologías agrarias y la creación artística.

En los últimos años se ha desarrollado desde las autoridades una prédica empresista, que confunde la prestación de algunos servicios (cuya importancia es indiscutible) con la compleja trama intelectual de la investigación, que no sólo es misión específica e irrenunciable de nuestra institución, sino que es fundamental para que merezca el nombre de universidad. Justamente, la clave en esta materia es cumplir con las tareas de asistencia técnica y de resolución de problemas inmediatos, sin renunciar a la producción más permanente de conocimientos y de creación cultural y al espíritu crítico, bases de una enseñanza y de una extensión actualizada y útil para la sociedad.

Para que, en el mundo de hoy, el Uruguay tenga un desarrollo en cualquiera de los planos fundamentales, incluyendo naturalmente el productivo, es necesaria una gran expansión del número de personas formadas para realizar tareas de investigación y desarrollo, que está muy lejos de los mínimos necesarios. Llevará varias décadas de políticas sostenidas para cumplir ese propósito, determinar prioridades y construir las nuevas instituciones de investigación y postgrado que se hagan cargo de esas formaciones y que proporcionen estructuras laborales a los investigadores. Es una responsabilidad principal de las nuevas autoridades la formulación de propuestas en esta materia ante el gobierno nacional.

4.- Se debe reformar el Estatuto del Personal Docente, para desarrollar a la alta dedicación, especialmente de los docentes jóvenes y de calidad. En la mayor parte del sistema universitario, aquí o en cualquier otra parte del mundo, es imposible que éste se dinamice sobre la base del multiempleo del personal académico. Esto contiene ingredientes presupuestales y estatutarios y ambos deben ser prioridades de las nuevas autoridades universitarias.

En particular, en algunas Facultades o Escuelas en que la actividad profesional es conveniente y complementaria de la actividad docente, se deben habilitar regímenes especiales para que ello ocurra de manera racional; existe una amplia experiencia en esta materia en otros países, que debería ser analizada e incorporada al Estatuto.

5.- Se debe dedicar atención prioritaria a la Formación Docente, especialmente en la Enseñanza Media, de cuya organización la Universidad está marginada actualmente, como fruto de circunstancias del pasado que es necesario superar. Para hacerse seriamente, esto requiere algunos cambios legales que establezcan el carácter de formación superior de los diplomas de Profesor, la participación directa de las Facultades universitarias en la formación disciplinar de los profesores y el acceso de estos últimos a programas de postgrado.

Este tipo de actividades, que apunta a problemas fundamentales del sistema educativo uruguayo, debe considerarse en el marco de un sistema institucional múltiple, como el que se propone crear en el punto 1.-

6.- Una propuesta de reforma que apunte a problemas fundamentales, debe ser acompañada de cambios legales y de recursos económicos. Un largo período de inversión casi nula, ha generado necesidades muy grandes en materia salarial, edilicia, de capacidades de laboratorio, de bibliotecas y de acceso a la información. En cada uno de estos puntos, las carencias dominan y nos alejan de condiciones de trabajo mínimas para el estudio, para la investigación y para la extensión.

La relación con el gobierno nacional debe basarse en la propuesta de grandes programas de cambio, que apunten al largo plazo y permitan vislumbrar una nueva política universitaria. Un nuevo Rector debería proponer esas transformaciones y ofrecer, al mismo tiempo, la garantía de antecedentes de gestión que hagan creíble la administración de los recursos públicos.

Mario Wschebor