Relatoría

 

XIII Convención de ADUR

“Dr. Gonzalo Aiello”

 

Bellas Artes

Montevideo, 10 de setiembre de 2011

 

 

Presentación

           

            El 10 de setiembre se realizó una nueva instancia de la XIII Convención de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República “Dr. Gonzalo Aiello”.[1] En esta ocasión, en el orden del día se incluyeron la consideración de aspectos de la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad que quedaron pendientes en la segunda sesión de la Convención- funciones de las agrupaciones de servicios y gratuidad de los posgrados-, la reforma de estatutos de ADUR y la consideración del tema de la baja de la edad de imputabilidad penal.

            En esta oportunidad, no se alcanzó el quórum mínimo de ochenta y un delegados para el funcionamiento de la Convención, por lo que, luego de un intercambio de ideas entre los presentes sobre aspectos de la reforma de la Ley Orgánica que se extendió hasta luego de la una de la tarde, el encuentro se cerró, acordándose una nueva fecha para la realización de la Convención.

 

 

Apertura: palabras del Rector

 

            Luego de una breve introducción de Fabiana Pezzani[2], integrante de la Comisión Ejecutiva provisoria, la apertura de la Convención estuvo a cargo del Rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena.

            En su intervención, el Rector agradeció la invitación y afirmó que para que la educación en el país avance se requiere la conjunción de tres factores: una inversión al alza- la actual aún se encontraría lejos de lo que el Uruguay necesita-, mayores esfuerzos en el sentido de que la situación actual de la educación no es la que el país precisa y, por último, una vocación autocrítica que facilite los cambios requeridos.

            En este marco, Arocena destacó el aporte que la Universidad hace a la construcción de conocimiento en el país.[3] Del mismo modo, marcó la necesidad de combinar palabras y hechos para que la institución avance en el sentido en el que el país lo requiere.

            Respecto al desarrollo en el Interior, el Rector recordó que la Universidad ha terminado de elaborar una estrategia[4] y que, en esa perspectiva, nos encontramos con tres centros en construcción, ocho mil estudiantes cursando actualmente y un número significativo de carreras nuevas para 2012. Además, Arocena informó sobre su reciente participación en el Congreso de Intendentes realizado en Minas (8 y 9 de setiembre), en el que se trabajó sobre las bases para una nueva regional universitaria en el suroeste del país. En dicha instancia se conformó un equipo con las intendencias de la región, coordinado por la Universidad de la República, para llevar adelante una estrategia de desarrollo.

            Posteriormente, el Rector manifestó su opinión de que ha llegado el momento de adoptar decisiones en torno al tema de la Carrera Docente, en el entendido de que se debe evitar pasar de un clima de expectativa a un clima de escepticismo por la demora en la toma de resoluciones concretas.

            Por otro lado, Arocena se refirió a la situación de los posgrados en la Universidad y a la necesidad de repensarlos en su conjunto- aspectos institucionales, académicos, de cobro-. En este contexto, recordó que se ha constituido una comisión de trabajo coordinada por Héctor Musto en representación de ADUR.

            El Rector también destacó las acciones emprendidas por la institución en lo relacionado con la renovación de la enseñanza, atendiendo a la situación real del estudiantado de la Universidad- lo que incluye la cuestión de la formación de los estudiantes que ingresan-. En este marco, Arocena hizo mención a la reciente aprobación de la “Ordenanza de Estudios de Grado y otros programas de fomación terciaria” (CDC, resolución nº 4 del 30 de agosto de 2011), que a su entender abre nuevas posibilidades para la diversificación y la actualización de la enseñanza.

            Por último, se refirió a los cuestionamientos que en el país actualmente se están haciendo a la autonomía de la educación. El Rector expresó su acuerdo con el hecho de que la autonomía se discuta pero con propuestas, sin partir de la idea de que ella no se ajusta a los tiempos que corren. Arocena defendió la gestión de la institución desde la autonomía y la capacidad de renovación de esta última.

            En especial, comparó las distintas formas de gestión en la administración pública en el Uruguay: por una parte, la “autonomía desde adentro y desde abajo” de la Universidad, por otra, la “autonomía desde afuera y desde arriba” que rigió en la ANEP hasta 2010 y, finalmente, la ausencia total de autonomía en los Ministerios, destacando que no se puede decir que las experiencias de fuera de la Universidad hayan resultado más positivas para el país. Igualmente, esto no impide tener una visión crítica de la institución.

            El Rector defendió una autonomía vinculada al cogobierno y, en este marco,  se refirió como ejemplo al proyecto de Ley Orgánica del Instituto Terciario Superior (ITS)- a tratarse en el Consejo de Ministros-, que a su entender no garantiza el cogobierno, ya que para su conducción apenas prevé la designación de un estudiante y un docente cada cinco años.

            En contraposición, la Universidad apuesta a una vida colectiva que justifica el valor de la autonomía. A pesar de las dificultades, en la institución se realiza un gran esfuerzo de acompañamiento participativo. Arocena destacó el papel de ADUR en ese marco de autonomía con cogobierno participativo como fuente de cambios, que exige capacidad propositiva de los colectivos que lo integran.

 

 

Presentación de la Comisión Ejecutiva

 

            Luego de las palabras del Rector, se presentó la Comisión Ejecutiva que con carácter provisorio asumió en junio de este año con la idea de trabajar para llegar a esta nueva sesión de la Convención. Además de sus integrantes actuales (Sandra Kahan, Adriana Parodi, Fabiana Pezzani y Silvia Rivero), se recordó el trabajo de Alejandra Gutiérrez y Carlos Iglesias, quienes también formaron parte del Ejecutivo provisorio.

            En la presentación se mencionaron los documentos repartidos para esta instancia: un librillo con las mociones propuestas- sobre agrupaciones de servicios: una de ADUR Agronomía y otra de Roberto Markarian y Alejandro Bielli; sobre la gratuidad de los posgrados: una de ADUR Oficinas Centrales (en adelante, ADUR-OCE) y otra de la Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería (en adelante, ADFI); propuesta de reforma de estatutos de ADUR y moción en relación al tema de la baja de la edad de imputabilidad-, la transcripción de las ponencias de Fabiana Goyeneche, Eliane Gerber[5] y Nilia Viscardi sobre la baja de la edad de imputabilidad en el Consejo Federal Ampliado del 11 de julio de 2011, una modificación que ADUR-OCE realizó a su moción sobre la gratuidad de los posgrados y un agregado a la propuesta de modificación de estatutos. 

 

 

Agrupaciones de servicios

           

            El 7 de mayo, la Convención de ADUR resolvió sobre este punto: “…apoyar la idea de crear agrupaciones de servicios académicos con funciones de enseñanza, investigación y extensión con estructuras con cogobierno universitario. Para que estos agrupamientos sean compatibles con el objetivo de flexibilidad y descentralización, su estructura y composición no pueden quedar fijadas en la Ley pues se espera que evolucionen con el tiempo, e incluso que para diferentes objetivos los servicios puedan agruparse de maneras diferentes. Asimismo, la participación y forma de agrupamiento puede ser variable y cambiante con el tiempo.” Entonces, quedaron pendientes otras definiciones que habían sido propuestas en aquella instancia.

            Roberto Markarian (Ingeniería) inició el intercambio de opiniones sobre el tema, refiriéndose a la moción que presentó conjuntamente con Alejandro Bielli (Veterinaria).[6] En la misma se propone la creación de “un órgano integrado por un delegado de designado por cada Consejo de Servicio Académico Regular y Diferencial  (LO, Art. 8) En este texto se le denominará ASSA. Elegirá entre sus miembros designados por Consejos de Servicios Académicos Regulares, a sus representantes en el CDC.”  [7]

            Además, se establece que “sus atribuciones y la forma de elección de los miembros del CDC serán fijadas por Ordenanza o Estatuto de modo de atender a los agrupamientos de Servicios Académicos que se constituyan atendiendo a los objetivos fijados en la Ley (…) También podría actuar como órgano de coordinación entre todos los servicios universitarios y ser de consulta obligatoria en materia presupuestal, ordenanzas y estatutos generales.”

            Markarian resaltó que la Ley Orgánica debe establecer el mecanismo de elección de los delegados de los servicios al CDC y que ello no puede quedar librado a Ordenanzas. Además, recordó lo que señala el documento de la Asamblea General del Claustro sobre las agrupaciones.[8] 

            Por su parte, Fabiana Pezzani presentó la moción de ADUR Agronomía sobre agrupaciones de servicios en las que el CDC pueda delegar funciones. La propuesta reproduce parcialmente, en su literal a), lo resuelto por la Convención en mayo (desde “su estructura y composición no pueden quedar fijadas en la ley…”). En su literal b) establece cuáles serían las funciones de los agrupaciones de servicios: “Deben constituirse en ámbitos reales de co-gobierno de orden jerárquico intermedio entre el CDC y los servicios. Para que esto sea posible se les deben delegar responsabilidades de elaboración, coordinación y evaluación de los planes de desarrollo académico de la agrupación de servicios en las tres funciones: enseñanza, investigación y extensión, promoviendo la interdisciplinariedad, la flexibilización y la diversificación de las opciones educativas. Acorde con esta tarea, deben también elaborar los proyectos presupuestales de la agrupación y controlar su ejecución.”

            Por último, el literal c) de la moción señala que los agrupamientos “… podrán ser instancias de elección de los delegados de los servicios a los organismos centrales como el CDC, pero debido a la estructura flexible que la ley debe tener, la elección de estos delegados por agrupamiento de servicios no puede figurar en la ley sino que debe ser objeto de una ordenanza votada por mayorías especiales. Mientras dicha ordenanza no sea votada, se debe prever un mecanismo de elección transitorio, por ejemplo, en el seno de la AGC.”

 

 

 

 

 

Discusión del punto

 

            Pablo Monzón (Ingeniería) destacó que lo resuelto en mayo condiciona la discusión actual, resaltando en especial que la moción presentada por ADUR Agronomía se refiere a una partición única- similar a lo que sucede hoy con las áreas pero con más potestades- y no contempla la posibilidad que se dejó abierta en la sesión pasada de la Convención de que un servicio integre más de un área al mismo tiempo.[9] Además, en nombre de ADFI, propuso un par de agregados a la moción de Markarian y Bielli: por una parte, una referencia expresa a los miembros titulares del ASSA: “Elegirá entre sus miembros titulares designados por Consejos de Servicios Académicos Regulares, a sus representantes en el CDC.”   Por otra, expresar que la designación de los miembros del ASSA se hará de acuerdo a los criterios fijados por la actual Ley Orgánica en su art. 12: “Designación de los delegados de los Consejos de Facultad.- Cada Consejo de Facultad designará su delegado al Consejo Directivo Central, en sesión especialmente convocada a ese efecto por el voto de la mayoría de miembros presentes cuando se trate del Decano y por dos tercios de presentes, si designara a otro de sus integrantes.
El delegado deberá ser miembro del Consejo que lo nombre.
Conjuntamente con el delegado se designará un suplente respectivo.”

            Clara Larocca (Veterinaria), por su parte, expresó su acuerdo con la moción de ADUR Agronomía excepto en materia presupuestal. Además, destacó que el organismo intermedio que se creará deberá asegurar, por su composición, que será representativo de todos los servicios en el cogobierno.

            Milka Bengoechea (Medicina) resaltó el grado de responsabilidad de los miembros del CDC en la medida en que están sujetos a mecanismos de contralor similares a los que se aplican a los miembros de directorios de otros entes autónomos. Por lo tanto, esto haría difícil practicar una rotación como la que actualmente las áreas llevan adelante en los consejos delegados.

            Walter Ferrer (Ciencias) realizó algunos comentarios generales de política universitaria vinculados al tema. En particular, desde su punto de vista hoy se da en la Universidad una creciente separación entre las estructuras centrales de gobierno y las estructuras de gobierno de los servicios, existiendo pocas instancias de participación horizontal en todos los niveles. El crecimiento de la administración central no debería ser visto como una situación deseable y, por lo tanto, hay que tomar medidas. Entre ellas, se podría crear un espacio intermedio, con incidencia real en la gestión de políticas y en la vida democrática de la institución.

Héctor González (Agronomía) comentó las mociones presentadas, apuntando a sus puntos en común y a sus matices, y propuso la creación de una comisión que las compatibilizara. También relacionó la posibilidad de dar un mayor peso político a un nivel intermedio con lo que ha sido la experiencia de las actuales áreas, cuyo funcionamiento hasta ahora ha demostrado una gran debilidad, siendo meras instancias de coordinación y, ocasionalmente, organismos de consulta.

            Respecto a la creación de una comisión, algunos convencionales expresaron que las mociones presentadas podrían verse como inconciliables. Igualmente, se manifestó disposición a crearla[10], aunque por la falta de quórum en la Convención el tema se derivará al Ejecutivo y luego al Federal de ADUR. En esta instancia ya se propusieron cuatro nombres para integrarla: Adriana Parodi, César Basso, Roberto Markarian[11] y Manuel Flores[12].

 

 

Gratuidad de los posgrados

 

            El segundo punto en el orden del día de la Convención era la gratuidad de los posgrados y cómo plasmar esa cuestión en la nueva Ley Orgánica. Al respecto, se presentaron dos mociones: una de ADUR-OCE y otra de ADFI.

La de ADUR-OCE fue modificada en relación a la que originalmente se había propuesto y distribuido desde ese centro, quedando redactada de la siguiente manera: “Esta Convención reivindica el mantenimiento del artículo 66 de la actual Ley Orgánica y apoya la gratuidad de los estudios universitarios en todos sus niveles, como requisito para el desarrollo de una Universidad abierta que brinde posibilidades de acceso a la Educación Superior para la mayoría de los jóvenes del país y contribuya a la generalización de la enseñanza terciaria. Partiendo de esta premisa general y teniendo en cuenta que el cobro de los posgrados responde a cuestiones de viabilidad económica para cumplir con los requerimientos que el país tiene en torno a la formación de recursos humanos para el desarrollo nacional, se propone habilitar temporalmente ciertos márgenes de flexibilidad en relación al cobro de los posgrados, hasta tanto puedan ser asumidos presupuestalmente por la institución. En este sentido se propone: buscar una redacción de la nueva Ley Orgánica que contemple la situación actual sin perpetuarla y generar en el corto plazo una discusión que conduzca a la implementación de las acciones necesarias para alcanzar la gratuidad de los posgrados, tal y como siempre ha estado en el horizonte de la educación de nuestro país”.

En tanto, la moción presentada desde Ingeniería establecía que “Esta Convención apoya el mantenimiento de la gratuidad de los estudios de grado universitario. En relación al polémico tema del cobro de los posgrados, ADUR considera que es un tema abierto en la Institución y que es conveniente que no quede cerrado por la vía legal. En este sentido, se apoya la idea de buscar una redacción en la nueva Ley Orgánica que permita el nivel de flexibilidad que hoy existe en relación al tema.” [13]

Carlos Santos (Oficinas Centrales) destacó que la modificación realizada a la moción original de su centro respondió a planteos recibidos en el Consejo Federal de ADUR y manifestó que la habilitación transitoria al cobro de posgrados que se plantea obedece a una cuestión de viabilidad y no de principios.

            Nicolás Wschebor (Ingeniería) expresó que, con su modificación, el texto de ADUR-OCE da cuenta de la realidad actual de la Universidad pero que, contrariamente a lo que de él se desprendería, el fenómeno de los posgrados no estaría más que expandiéndose en la institución, por lo que tampoco sería viable plantearse que en un horizonte cercano todos ellos se puedan financiar con fondos presupuestales.

Además, planteó otra cuestión: la de si sería deseable que los posgrados se financiaran con esos fondos. Según N. Wschebor, en ADFI no existe una única posición al respecto. Como ejemplo, mencionó que no sería razonable financiar posgrados como el de gestión de empresas (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración), cuyos mayores beneficiarios son los propios usuarios.

Dado que la discusión sobre el punto no estaría madura en la Universidad, desde ADFI se entiende que el texto legal no debería pronunciarse ni en un sentido ni en otro. Además, el hecho de que un posgrado fuera gratuito no implicaría necesariamente mayores probabilidades de que una persona lo cursara, partiendo de la base de que quien cursa un posgrado tiene, además, un trabajo que ocupa buena parte de su tiempo. En cambio, se debería dar mayor desarrollo a otros instrumentos como al sistema de becas para determinadas Maestrías o Doctorados. 

 

 

Discusión del punto

 

            Walter Ferrer (Ciencias) expresó su posición personal a favor de la moción de ADUR-OCE. Consideró que con la actual normativa[14] no se deberían cobrar los posgrados. En este sentido, recordó que la fundamentación para hacerlo se basa en una interpretación muy particular por la cual quienes cursan estudios de posgrados no son considerados estudiantes.

            Ferrer se refirió, además, a otros argumentos que se usan para justificar el cobro de los posgrados. Llamó la atención sobre el hecho de que, al querer evitar que los estudiantes cursen sus posgrados en las universidades privadas, es la propia Universidad de la República la que privatiza.

            Por otra parte, el argumento de la falta de financiación también podría aplicarse a estudios de grado que hoy se brindan de manera gratuita. Vinculada a esa falta de financiación, resaltó la ausencia de propuestas que deberían llegar al nivel central para la asignación de fondos para posgrados.

            Ferrer destacó también que el argumento del beneficio individual para aquellas personas que realizan los posgrados- en especial, un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo- podría aplicarse a quienes realizan estudios de grado y no por eso estos últimos dejan de ser gratuitos. Resaltó además que, en todo caso, se debería cobrar a partir de lo que una persona gana y no a partir de lo que una persona podría ganar.

            Por último, el convencional expresó que, al cobrar los posgrados, la Universidad ya está seleccionando entre aquellos mejor posicionados desde el punto de vista social.

            Paribanu Freitas (Psicología) se manifestó en la misma línea de Ferrer, problematizando algunos aspectos de la moción de ADFI, relacionando el supuesto de que los conocimientos enriquecen al individuo con las políticas educativas y de trabajo de una sociedad. Contrapuso la concepción liberal a ultranza- la educación al servicio de la integración al mercado de trabajo en el marco de un mundo competitivo- con la desarrollista, que no interpela al modo de producción capitalista, y con la socialista. Partiendo de la base de que actualmente no hay condiciones para un modelo socialista en el país, en la Universidad se podría llegar al acuerdo en torno a un modelo desarrollista en lo académico y en lo profesional, entendidos estos últimos como campos que aportan al desarrollo nacional.

            Freitas destacó que desde ese punto de vista desarrollista el país no tiene profesionales que satisfagan las necesidades del mercado de trabajo. Por lo tanto, la gratuidad en lo profesional también sería necesaria para aportar al desarrollo del país en su conjunto, no debiendo caer el peso de la financiación de esa formación ni en la Universidad ni en los sujetos individuales: hay que exigirle a otros actores preocupados por el desarrollo nacional una mayor inversión en la Universidad.

            Continuando con las intervenciones, Laura Coitiño informó que ADUR Ciencias aún no tiene una posición de centro en relación al cobro de los posgrados en la Universidad. Sí hay acuerdo en torno a que los posgrados deben ser parte de la vida normal de la institución y a que, dentro de la Facultad de Ciencias, los posgrados deben ser gratuitos.

            Coitiño destacó que, desde ADUR Ciencias, se pretende la generalización de los posgrados en todas las áreas de la Universidad- para lo cual se requiere de acompañamiento y una mayor inversión de la institución- y que no se tiene claro si el tema debe quedar zanjado en la Ley Orgánica, ya que no se quiere desarticular lo que hoy está funcionando. Por otra parte, la convencional resaltó que no hay claridad en la política de otorgamiento de becas de la institución en las áreas de generación de conocimiento.

            Por su parte, Gabriel Usera (Ingeniería) consideró que no se debe laudar en la Ley Orgánica un tema que no está laudado en la Universidad. Destacó que lo que hoy habilita al cobro de posgrados es una resolución del CDC tomada en ese sentido y que no habría forma de seguir ofreciendo buena parte de los posgrados actuales si estos pasaran a ser gratuitos.

            Usera expresó que se debe garantizar el acceso universal a la educación y consideró que hoy la Universidad no está logrando ese objetivo. A título personal, manifestó su convicción de que la gratuidad no garantiza ese acceso universal. Aún más, la gratuidad ni siquiera jugaría a favor de este objetivo en el caso de los posgrados sino que terminaría beneficiando a los sectores más favorecidos de la sociedad.

            El convencional se refirió, además, a los estudios que se han llevado adelante en la Facultad de Ingeniería y que marcan que el factor preponderante para que un estudiante tenga éxito en sus cursos universitarios es el hecho de pertenecer a familias donde ya hay universitarios. Es en este marco que la Universidad debería actuar de mejor manera para lograr el acceso universal. En particular, Usera se pronunció a favor del cobro y del otorgamiento de becas.

            Desde el mismo centro, Patricia Lema destacó que los recursos con que se cuenta para atender la enseñanza de grado y la de posgrado son finitos[15] y defendió la posición de no laudar el tema en la Ley Orgánica.

            Por otra parte, Mauricio Guillermo (Ciencias) expresó su posición a favor de la moción de ADUR-OCE. Destacó que el eje de la discusión está en el lugar en la economía que ocupa la Universidad y que, en ese marco, la educación- así como la salud- debe ser considerada como un sector en el que se debe dar una disociación entre el usuario y el que paga, en pos de justicia social. También manifestó que es cierto que la gratuidad no implica un mayor acceso a la educación pero tampoco lo contrario y que no hay certeza de que cobrando se mejorará la situación actual.

            De manera similar, Alejandro Casas (Ciencias Sociales) opinó que la gratuidad es condición necesaria pero no suficiente y expresó su acuerdo con dar la señal política de ratificar el espíritu que aparece en la Ley Orgánica actual, estableciendo plazos y mecanismos para recuperar la gratuidad de los posgrados.

            A su vez, Melissa Ardanche (Oficinas Centrales) destacó que la intención de ADUR-OCE fue la de acercar posiciones, en el marco de una concepción que entiende a la gratuidad como principio general.[16] De acuerdo a Ardanche, la moción contempla la situación actual pero no pretende perpetuarla. Luego de su tratamiento en la Convención, el tema debería pasar al Ejecutivo y al Federal de ADUR[17] para generar un espacio de trabajo permanente para su discusión, que incluya actores a nivel nacional.

            Las últimas intervenciones sobre este asunto estuvieron a cargo de dos delegados de ADUR Veterinaria: Alejandro Bielli y Clara Larocca.

            Bielli destacó lo positivo de discutir el tema, aunque la mayor parte de los aspectos manejados en la discusión no deberían figurar en la nueva Ley Orgánica. Para el convencional, la gratuidad no es más que un medio para lograr el acceso universal a la educación pero en algunos casos es aplicable y en otros no. En cuanto a la segunda parte del planteo de ADUR-OCE, opinó que alcanzar la gratuidad de los posgrados no puede ser un objetivo en el mediano plazo. Además, a la moción a aprobar debería agregársele una referencia a la necesidad de una mayor cantidad de becas y recursos en general para los posgrados. Bielli destacó la relevancia de cómo la Universidad distribuye sus recursos y expresó que, a nivel del cogobierno, parecería haber cierto desinterés en brindar más recursos a los posgrados.

            Por último, Larocca destacó que el cobro de los posgrados los hace accesibles solo a determinados sectores y que en 1958 se peleó para que la Universidad fuera autónoma, cogobernada y gratuita.

 

 

Cierre de la sesión

 

            Luego del intercambio de opiniones sobre la gratuidad de los posgrados, la Mesa de la Convención subrayó la necesidad de fijar una nueva fecha para su realización, en función de la necesidad de continuar la discusión y tomar resoluciones sobre los temas que se llegaron a discutir en esta instancia y los que quedaron pendientes.[18] En este sentido, se acuerda la realización de una nueva instancia de la Convención para el 29 de octubre.

           

 

 

Convencionales asistentes [19]

 

Agronomía: Fabiana Pezzani, Ana Silveira, Guillermo Galván, Fernando Irisity, Héctor González y Mercedes Rivas.

 

Arquitectura: Ingrid Roche.

 

Bellas Artes: Susana Escudero.

 

Bibliotecología: Gabriela Quesada, Lourdes Ramos y Paulina Szafrán.

 

Ciencias: Adriana Parodi, Walter Ferrer, Felipe Sierra, José Guerrero, Ana Ramón, Laura García, Leonor Thomson, Mónica Marín, Leonel Gómez, Laura Coitiño, Ana Laura Mello y Mauricio Guillermo.

 

Ciencias de la Comunicación: Mariela Gandolfo y Álvaro Gascue.

 

Ciencias Sociales: Nicolás Bentancur, Alejandro Casas, Manuel Flores, Rodolfo Martínez, Rafael Rey y Silvia Rivero.

 

Enfermería: Silvana Jubin, Nancy Marra, Gerardo Bruzzone y Silvia Santana.

 

Ingeniería: Roberto Markarian, Nicolás Wschebor, Franco Simini, Pablo Monzón, Sandra Kahan, Liliana Borzzaconi, Beatriz Castro, Patricia Lema, Marita Urquhart, Gabriel Usera y Soledad Gutiérrez.

 

Medicina: Álvaro Danza, Daniel Borbonet, Milka Bengochea, Zaida Arteta, Miguel Alegreti, Carlos Ketzoian, Zuly Olivera, Leda Roche y Bernardo Bertoni.

 

Nutrición: Isabel Petronio, Pablo Pereira, Soledad Castro, Raquel Palumbo y Estela Fernández.

 

Oficinas Centrales: Diego Barrios, Carlos Santos, Alicia Migliaro, Melissa Ardanche, Nicolás Robledo e Ignacio Paparamborda.

 

Psicología: Paribanu Freitas y Mónica Lladó.

 

Tecnología Médica: Patricia Monzón, Gonzalo Fierro, César Herrera, Ana Combol, Debora Gribov y Graciela Rodríguez.

 

Veterinaria: Clara Larocca, Alejandro Bielli, Ariel Androvandi y Santiago Monteverde.